En busca de más seguridad: Mendoza avanza en proyectos para endurecer las leyes penales
El Gobierno de Mendoza avanza en la elaboración de un paquete de siete proyectos de ley que buscarán modificar distintos aspectos vinculados a la seguridad pública, la prevención del delito y el funcionamiento del sistema penitenciario provincial.
Las iniciativas serán enviadas a la Legislatura antes de fin de año e incluyen cambios en la Ley de Tránsito, el Código Contravencional, el régimen de responsabilidad penal juvenil y nuevas herramientas para la investigación criminal y la seguridad vial.
Uno de los proyectos apunta a otorgar un marco legal al Laboratorio de Identificación Balística, que funciona desde el año pasado y permite determinar si un arma fue utilizada en hechos delictivos como homicidios o robos, además de reconstruir la trazabilidad del armamento involucrado.
Otra de las reformas buscará limitar el acceso reiterado a beneficios judiciales como las condenas condicionales o la suspensión del juicio a prueba, con el objetivo de evitar que una misma persona acumule distintos beneficios tras cometer varios delitos.
El paquete también contempla modificaciones a la legislación de responsabilidad penal juvenil, en función de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, además de cambios en la normativa vial para incorporar nuevas herramientas tecnológicas en los controles de rutas y sectores considerados conflictivos.
En materia penitenciaria, el Ejecutivo pretende avanzar con una reforma para ordenar y garantizar el funcionamiento del trabajo intramuros, actividad que actualmente alcanza a una importante parte de la población carcelaria mendocina.
Entre las iniciativas también figura la intención de convertir en ley el mecanismo de intervención y demolición de búnkers vinculados al narcotráfico, además de incorporar sanciones específicas para los grupos de barrabravas que tomen colectivos o transportes públicos para trasladarse a eventos deportivos.
Desde el Gobierno provincial sostienen que el objetivo es modernizar las herramientas legales disponibles y fortalecer las políticas de seguridad mediante normas más ágiles y adaptadas a las nuevas modalidades del delito.