MÁS DESPIDOS
El gobierno de Javier Milei continúa avanzando en su plan de reformas, apuntando a los organismos descentralizados del Estado. Con el objetivo de optimizar recursos y asegurar una mayor transparencia, se eliminan los fondos extrapresupuestarios y se modifican estructuras claves como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, entre otros.
El decreto que establece estos cambios ya está redactado, y aunque se había demorado debido a factores externos como el fallecimiento del Papa Francisco y el viaje oficial de Milei a Roma, su implementación es inminente. Esta medida, que el presidente había prometido durante su campaña, afecta a varios organismos con una gobernanza autónoma y un manejo financiero independiente del Presupuesto Nacional.
Uno de los cambios más relevantes es la reestructuración del INTA, un ente con 6,400 empleados, que dejará de operar con un directorio mixto (compuesto por representantes del Estado y de sectores privados) para pasar a un esquema de gestión centralizada bajo control gubernamental. La intención es reducir la planta de personal y redefinir las funciones de cada área. La reforma busca eliminar lo que el gobierno considera un sistema de gestión opaco y descentralizado, que no responde adecuadamente a las necesidades del Tesoro Nacional.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que ha jugado un papel clave en las provincias productoras de vino, principalmente Mendoza y San Juan, también sufrirá una transformación. Dejará de ser un organismo descentralizado y pasará a depender directamente de la Secretaría de Agricultura como una Dirección Nacional. Esta decisión impactará directamente en las políticas vitivinícolas y en el financiamiento de la industria, ya que se eliminarán las tasas específicas que financiaban al organismo.
Desde el gobierno se asegura que los cambios son necesarios para mejorar la eficiencia y el control del gasto público, asegurando que todos los organismos con fondos extrapresupuestarios deberán pasar a un esquema de control presupuestario.
La reacción en las provincias productoras de vino ha sido mixta, pero se asegura que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya ha aceptado el cambio. Las conversaciones con entidades como Bodegas de Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) también están en marcha.
