El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lanzó un plan de auditorías sobre los Certificados Únicos de Discapacidad, que busca detectar irregularidades y depurar el sistema de beneficios. Se dará de baja todo certificado que no cumpla con los requisitos legales, carezca de informes médicos actualizados o no haya sido renovado en los plazos establecidos.
Las inspecciones ya revelaron casos de fallecidos o detenidos que seguían cobrando pensiones asociadas al certificado. De más de 22.000 revisiones realizadas, solo el 20% cumplía con las condiciones exigidas. La medida forma parte del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei en busca de mayor transparencia.

La resolución 2520/2024 prorrogó automáticamente por un año los certificados con vencimiento en 2025, pero quienes tengan documentación vencida desde 2022, 2023 o 2024 deberán hacer la renovación este año para no perder los beneficios vinculados a salud, transporte y asistencia social.


