El Gobierno provincial habría dado por agotada la negociación salarial del primer tramo del año con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y se encaminaría a otorgar por decreto un aumento del 7%.
La propuesta oficial, que se mantendría sin modificaciones, contemplaría un 5% en marzo y un 2% en mayo, en ambos casos no acumulativo y calculado sobre los salarios de diciembre de 2025. Desde el Ministerio de Hacienda sostendrían que no existiría margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal.
El punto de quiebre en la discusión habría sido el endurecimiento de las medidas de fuerza anunciadas por ATE. Si bien las partes se encontrarían en cuarto intermedio, en el Ejecutivo interpretarían que el conflicto comenzaría a trasladarse al terreno político.
Ante ese escenario, la decisión oficial sería avanzar por la vía administrativa con el objetivo de garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical termine impactando en el bolsillo de los trabajadores.
Puertas adentro, la lectura sería que, una vez formalizado el incremento por decreto, el Gobierno quedaría en mejores condiciones para reforzar controles de gestión y exigencias de cumplimiento, especialmente en áreas donde rigen regímenes flexibles o modalidades de trabajo remoto.
La definición marcaría así el cierre del primer tramo paritario del año, en un contexto de tensión sindical y restricciones fiscales que limitarían cualquier margen de negociación adicional.