El Gobierno aprobó la precalificación para conceder 3.900 kilómetros de rutas nacionales
El plan de reforma del Estado y transferencia de activos públicos que lleva adelante la administración del presidente Javier Milei dio un paso decisivo en la privatización de la red vial. A través de la Resolución 1024/2026, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo aprobó formalmente la precalificación de los oferentes que compiten en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este tramo del programa contempla la concesión bajo la modalidad de obra pública por peaje de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho corredores estratégicos que atraviesan 10 provincias del país.
La medida se enmarca en la privatización total de la firma estatal Corredores Viales S.A., contemplada dentro de las facultades de la Ley Bases. Con esta nueva licitación, el Poder Ejecutivo busca acumular más de 9.000 kilómetros de corredores viales administrados por el sector privado, abarcando rutas clave como la 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19 y 34. Las autoridades confirmaron que este miércoles 22 de julio se llevará a cabo la apertura de los sobres económicos a través del portal oficial CONTRAT.AR, definiéndose las empresas ganadoras mediante el criterio de menor tarifa de peaje propuesta para los usuarios.
La compulsa pública reunió a los principales grupos de infraestructura vial del país bajo un estricto filtro normativo:
Oferentes precalificados: Se registraron 22 consorcios que presentaron 50 ofertas. Destacan empresas como CPC (que compite en todos los tramos), la UTE conformada por Chediack y Benito Roggio, Panedile, Cartellone y la asociación entre Laugero, Green y Corporación del Sur para el Tramo Cuyo.
Ofertas desestimadas: La cartera económica rechazó las presentaciones del grupo integrado por Compacto S.A., Edmacar y Tolcon por no alcanzar los estándares económico-financieros exigidos en los pliegos, resguardando el principio de igualdad entre competidores.
Exigencias operativas: Las firmas adjudicatarias deberán completar obras prioritarias de transitabilidad antes de aplicar los nuevos cuadros tarifarios, incorporando tecnologías de cobro dinámico sin barreras como TelePASE y Free Flow.
El objetivo central de la Casa Rosada es transferir al capital privado la responsabilidad del mantenimiento, la seguridad vial y el desarrollo de obras en la red federal, eliminando la asistencia mediante subsidios del Tesoro Nacional. El cumplimiento de las metas contractuales quedará bajo la supervisión de Vialidad Nacional mediante indicadores directos de desempeño. Esta reconfiguración del mapa de infraestructura pública se consolida como uno de los ejes de la reforma política e infraestructura promovida por el oficialismo, buscando dotar de una organización eficiente a los corredores logísticos que unen los polos agrícolas, industriales y mineros con miras a las próximas elecciones legislativas.