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El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias dirigidas a funcionarios de gobiernos centroamericanos involucrados en los programas de misiones médicas cubanas. Según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, la medida busca responsabilizar a quienes participan en lo que Washington considera formas de trabajo forzoso y explotación laboral de médicos provenientes de Cuba.
La decisión, impulsada por la administración de Donald Trump, afectará tanto a los funcionarios involucrados como a sus familiares directos, y forma parte de una política más amplia para condenar prácticas laborales abusivas asociadas al régimen cubano.
Rubio afirmó que esta medida representa un compromiso del gobierno estadounidense con la defensa de los derechos humanos y laborales a nivel global, y agregó que tiene como objetivo "apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad".
Médicos, docentes y alianzas regionales
Estados Unidos sostiene que los programas de misiones médicas cubanas, implementados en países como Venezuela, México y otras naciones de Centroamérica, tienen “elementos de coerción y explotación laboral”, y que los profesionales son enviados en condiciones restrictivas y sin garantías plenas de libertad.
Además, el alcance de estas restricciones podría extenderse a otros sectores, como los docentes, en el marco de los acuerdos bilaterales entre Cuba y distintos gobiernos de la región.
La reacción de Cuba
Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida como un "chantaje vulgar" y defendió las misiones médicas como una muestra de solidaridad internacional y una fuente vital de ingresos para la economía cubana.
Estas nuevas sanciones se suman a una serie de políticas más duras hacia la isla implementadas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Entre ellas, la reactivación del embargo económico, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y restricciones a transacciones con empresas cubanas.
La ofensiva contra las misiones médicas cubanas se inscribe en un conflicto de larga data entre EE.UU. y Cuba, que se ha intensificado en los últimos años. La presión diplomática, económica y ahora migratoria es vista como parte de una estrategia más amplia para aislar al régimen cubano y debilitar sus redes de influencia en América Latina.