ESTAFA MILLONARIA
El caso Mega Tecnología dejó de ser solo una acumulación de denuncias para convertirse en un expediente con primeras definiciones concretas: la Justicia comenzó a cerrar acuerdos mientras el núcleo de la maniobra sigue bajo investigación.
El dato estructural es el volumen del daño: más de 150 víctimas y un esquema que generó pérdidas por cientos de millones de pesos, a partir de una operatoria basada en la promesa incumplida de productos tecnológicos. La mecánica, según se reconstruyó, no dependía de hechos aislados sino de un circuito sostenido de cobros anticipados sin entrega de mercadería.
En ese contexto, una de las imputadas optó por un acuerdo judicial que redefine su situación procesal. Tras reconocer su rol dentro del engranaje, accedió a una condena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, lo que implica que no irá a la cárcel. La resolución se apoyó en dos variables clave: la admisión del delito de fraude reiterado y un proceso de restitución parcial de fondos a los afectados.
La decisión de la fiscalía de validar esta salida abreviada marca un criterio dentro del expediente: priorizar cierres parciales con recuperación económica antes que extender todos los casos a juicio oral, en un contexto de alta cantidad de damnificados.
Sin embargo, el punto central del caso permanece sin resolución. El fundador de la firma, identificado como el principal responsable de la estructura, continúa prófugo y con pedido de captura vigente. Su ausencia condiciona el avance global de la causa y desplaza el foco hacia su localización como pieza clave para reconstruir la totalidad de la maniobra.
Así, mientras la causa empieza a fragmentarse en resoluciones individuales, el expediente aún conserva su dimensión mayor: un caso de estafa sistemática cuyo desenlace dependerá tanto de la recuperación del dinero como de la captura de quien habría liderado el esquema.