MEDIDAS
El Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (IPV) introdujo un cambio en el programa Mi Casa con el objetivo de acelerar los procesos de adjudicación y reducir obstáculos burocráticos que demoraban el acceso a la vivienda.
La medida, oficializada mediante la Resolución 509 en el Boletín Oficial, apunta a un problema frecuente: la caducidad de documentación clave antes de que los trámites lleguen a su etapa final.
Qué cambia en el programa
La modificación principal impacta en los comprobantes de ingresos del grupo familiar. Hasta ahora, estos documentos debían tener una antigüedad máxima de dos meses al momento de definir el plan de pago.
Con la nueva normativa, ese plazo se amplía a seis meses, lo que brinda mayor margen a los postulantes sin alterar los criterios de selección ni el cálculo de las cuotas.
En la práctica, esta flexibilización evita que muchas familias deban volver a presentar documentación por vencimientos administrativos, aun cuando su situación económica no haya cambiado.
Por qué se tomó la medida
Desde el IPV señalaron que el límite anterior resultaba demasiado restrictivo y generaba demoras innecesarias en expedientes ya avanzados. La ampliación busca evitar que trámites queden frenados por cuestiones formales y mejorar los tiempos de respuesta del organismo.
Aclararon, además, que la decisión no implica una reducción de controles: los ingresos seguirán siendo evaluados para determinar la capacidad de pago de cada familia.
Cómo quedan las condiciones de pago
El esquema financiero del programa se mantiene sin cambios:
- El valor de las viviendas seguirá expresado en Unidades de Referencia Salarial
- El financiamiento continuará sin interés
- El plazo máximo de pago será de hasta 360 meses (30 años)
- La cuota representará, en general, entre el 20% y el 30% del ingreso familiar
También se mantienen condiciones especiales para personas con discapacidad, con porcentajes más bajos de afectación del ingreso.
Alcance de la medida
La nueva regla no solo aplica a futuros postulantes, sino también a expedientes en curso que aún no hayan definido su plan de pago. En esos casos, si la documentación tiene menos de seis meses de antigüedad, no será necesario volver a presentarla.
Con este cambio, el IPV busca hacer más eficiente el proceso y evitar que el acceso a la vivienda se retrase por requisitos administrativos que el propio organismo consideró excesivamente rígidos.