MEDIDAS
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un paquete de medidas fiscales especiales destinado a contribuir con la recuperación económica de personas, empresas e instituciones afectadas por las severas inundaciones ocurridas en Bahía Blanca, Ingeniero White y General Daniel Cerri. La decisión fue oficializada a través de la Resolución General 5671/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Los beneficios alcanzan a contribuyentes individuales, PyMEs, entidades sociales, organismos públicos y universidades, y buscan aliviar el impacto que provocaron las intensas lluvias en gran parte del sur de la provincia de Buenos Aires.
Quiénes pueden acceder
Los contribuyentes alcanzados deberán estar inscriptos en el sistema registral bajo la categoría “Emergencia por inundaciones - Bahía Blanca”. Este requisito será indispensable para acceder a los beneficios, que incluyen:
Suspensión de intimaciones y acciones legales por falta de presentación de declaraciones juradas o pagos de tributos.
Prórroga de vencimientos para declaraciones y pagos tanto de personas humanas como jurídicas.
Interrupción de juicios de ejecución fiscal y embargos preventivos hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el caso de empresas con cierres contables entre octubre de 2024 y febrero de 2025, las nuevas fechas de vencimiento se organizarán según la terminación del CUIT:
13 de agosto: terminaciones 0, 1, 2 y 3
14 de agosto: terminaciones 4, 5 y 6
18 de agosto: terminaciones 7, 8 y 9
Nuevos plazos para personas físicas
Para personas físicas y sucesiones indivisas, los vencimientos del período fiscal 2024 se trasladan a:
15 de septiembre: CUIT finalizado en 0, 1, 2 y 3
16 de septiembre: terminaciones 4, 5 y 6
17 de septiembre: terminaciones 7, 8 y 9
Embargos y planes de pago: cómo impactan los cambios
La resolución también establece que cualquier embargo ya vigente deberá ser suspendido. Si los fondos embargados aún no fueron transferidos al fisco, quedarán a disposición del contribuyente, otorgando un alivio financiero inmediato.
Además, los planes de pago vigentes no serán dados de baja por falta de cumplimiento mientras dure la emergencia. Esta medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, y recién a partir del 1° de enero de 2026 volverá a aplicarse el régimen habitual de caducidad.
Apoyo a la recuperación económica
Estas acciones forman parte de una política fiscal de contingencia que busca evitar sanciones adicionales en contextos de fuerza mayor y garantizar la continuidad operativa de sectores clave, desde pequeñas empresas hasta instituciones públicas. Al mismo tiempo, representan un intento por sostener el entramado productivo de una región que todavía enfrenta las consecuencias del desastre natural.