El Gobierno de Mendoza buscar dar un paso fundamental en la lucha contra el acoso escolar, conocido como bullying, al enviar a la Legislatura un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones, para que los padres, madres y tutores sean también responsables por los actos cometidos por sus hijos. La iniciativa se conoció este lunes, y responde a los recientes hechos ocurridos en escuelas de La Paz y Guaymallén, en donde dos alumnos llegaron armados y generaron temor.
La medida se acompaña de un nuevo protocolo de actuación para los establecimientos, que señala con claridad cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante casos de acoso. El objetivo es doble: proteger a las víctimas de manera inmediata y, al mismo tiempo, prevenir que las situaciones se repitan.
Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, señaló: “El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”.

El proyecto establece que los adultos responsables podrán ser sancionados con trabajo comunitario o multas económicas si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. También prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.
“Se trata de una iniciativa con un enfoque educativo y reparador. El objetivo no es solo sancionar, sino comprometer a las familias en la crianza y el acompañamiento de sus hijos, promoviendo valores de respeto, empatía y convivencia”, destacaron desde el Gobierno.
Un protocolo para las escuelas
La normativa se complementa con un nuevo protocolo de actuación actualizado, que ofrece a las instituciones un paso a paso para intervenir ante sospechas o hechos de bullying: desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso.
El documento también incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda. De esta manera, Mendoza contará con una herramienta integral que brinda seguridad a docentes y familias sobre cómo actuar.
“Cuidar a las víctimas, educar a los agresores y comprometer a las familias”
El enfoque combina prevención, intervención y posvención. “Por un lado, promueve la construcción de una cultura escolar de convivencia, con espacios de participación y sensibilización para estudiantes. Por otro, protege a las víctimas y trabaja con los agresores sin estigmatizarlos, fomentando la reparación y el aprendizaje. Y sobre todo, establece la corresponsabilidad de las familias: sin su compromiso, la escuela sola no puede enfrentar el problema”, agregaron.
El bullying y el ciberbullying son hoy una de las principales preocupaciones de las comunidades educativas en todo el mundo. En este contexto, Mendoza busca responder con una decisión firme que combina ley, protocolo y compromiso institucional.
Con esta iniciativa, “la Provincia se propone enviar un mensaje claro: ninguna forma de violencia entre pares será tolerada. Las escuelas contarán con herramientas concretas para actuar y las familias deberán asumir el rol que les corresponde en el cuidado y la formación de sus hijos”, cerraron.


