JUICIO EN NUEVA YORK
Argentina presentó ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para que se suspenda la entrega del 51% de las acciones que el Estado posee en YPF, en el marco del juicio por la expropiación de 2012. El país pidió que esa medida sea definitiva y sin condiciones, hasta que se resuelva si efectivamente debe pagar una indemnización que ya supera los USD 17.500 millones, según lo dispuesto en 2023 por la jueza Loretta Preska.
La defensa argentina, encabezada por la Procuración del Tesoro, argumentó que el fallo viola la inmunidad soberana, interpreta mal la ley del Estado de Nueva York y afecta el principio de cortesía internacional. Además, sostuvo que las acciones en disputa están depositadas en territorio argentino, que no fueron utilizadas en actividades comerciales en EE.UU. y que su venta está restringida por ley, lo que descarta riesgos de disipación.
El tribunal puede fallar a favor de Argentina, exigir garantías o rechazar el pedido. En este último caso, el Gobierno ya advirtió que apelará a la Corte Suprema de EE.UU.. La postura argentina recibió el apoyo del gobierno estadounidense, que presentó un amicus curiae a favor de la suspensión, y alertó sobre posibles impactos diplomáticos y jurídicos si se ejecuta la orden.
