ESQUEMA LIBERTARIO
La nueva ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno prevé discutir en el Congreso expuso diferencias internas dentro de La Libertad Avanza (LLA), con pases de factura incluidos. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que buscan dejar atrás esas tensiones y concentrarse en la sanción del proyecto, mientras avanzan en paralelo con una estrategia judicial para mitigar el impacto en las cuentas públicas.
En ese marco, el Ministerio de Capital Humano inició contactos con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) durante el mes de febrero, con el objetivo de acercar posiciones en torno a la nueva normativa. Las negociaciones también incluyeron a los gremios universitarios, en una hoja de ruta que apuntaba a discutir el texto en marzo y lograr su aprobación parlamentaria.
El encargado de articular estos consensos fue Carlos Torrendell, secretario de Educación, quien operó como pieza clave dentro del esquema libertario. Según fuentes del oficialismo, hasta ese momento existía un entendimiento avanzado que permitía proyectar el ingreso del proyecto al debate legislativo, evitando así un escenario de judicialización adversa, como el que finalmente se materializó en los últimos días y que genera presión sobre el frente fiscal.
No obstante, la estrategia sufrió un giro cuando la iniciativa dejó de ser prioritaria en la agenda parlamentaria de LLA. Algunas voces adjudican esa decisión a las autoridades del Congreso, que habrían optado por concentrarse en obtener un fallo judicial favorable, algo que no terminó de concretarse.
Esta explicación no convenció a todos los sectores del oficialismo. De hecho, un grupo de diputados libertarios ya trabaja en la posibilidad de sellar acuerdos con la oposición dialoguista para garantizar la aprobación del nuevo texto, que contempla una recomposición salarial más limitada que la establecida en la ley 27.795, impulsada previamente por bloques opositores.
Desde el Gobierno sostienen que la normativa vigente, promovida por la oposición durante 2025, resulta inviable por la falta de recursos presupuestarios. En esa línea, el viernes la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley.
El proyecto que impulsa la administración Milei propone recuperar parte del salario real perdido por docentes y no docentes universitarios durante 2025, aunque al mismo tiempo convalida el fuerte recorte aplicado en 2024, uno de los puntos más sensibles del debate.
En los fundamentos del texto enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo recurre a un enfoque técnico para justificar la iniciativa. Allí plantea la necesidad de “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento”, en un intento por equilibrar el sostenimiento del sistema con la política de ajuste fiscal.
Con este escenario, en el oficialismo buscan retomar el control de la agenda, reducir las fricciones internas y avanzar en una estrategia integral que combine negociación política y respaldo judicial para redefinir el esquema de financiamiento universitario en Argentina.