El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 50% a productos brasileños y aplicó sanciones directas al juez Alexandre de Moraes, quien lidera el juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro. Esta decisión generó un choque diplomático sin precedentes con Brasil, donde analistas y diplomáticos ya hablan de la peor crisis bilateral en dos siglos. La presión de Washington también incluyó la revocación de la visa del magistrado y el congelamiento de sus bienes bajo la Ley Magnitsky.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó las sanciones, considerándolas un “ataque inaceptable a la soberanía nacional”. A pesar de que productos estratégicos como jugo de naranja, petróleo, celulosa y aviones quedaron exentos de los gravámenes, sectores como el cárnico, frutícola y cafetero resultarán fuertemente afectados, con despidos ya reportados en industrias como la maderera.
Analistas advierten que el conflicto es más político que económico, ya que la Casa Blanca acusó al gobierno de Lula de “persecución política contra Bolsonaro y censura a empresas estadounidenses”. Las medidas, sostienen, buscan deslegitimar al Supremo Tribunal Federal de Brasil e incidir en sus decisiones judiciales. El alarde ideológico entre Trump y Lula ya fractura las históricas relaciones entre ambos países.


