POLÉMICA
La reforma laboral promovida por la gestión de Javier Milei abrió un nuevo frente de tensión política, esta vez con foco en el vínculo entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Desde el kirchnerismo, la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) lanzó duras críticas y denunció que se estaría negociando el respaldo al proyecto oficial a cambio de concesiones fiscales.
Según explicó la legisladora, el núcleo del conflicto se encuentra en los artículos 190 y 191 de la iniciativa enviada al Congreso. A su entender, esos apartados contienen una reforma impositiva encubierta que reduce las alícuotas del Impuesto a las Sociedades y del Impuesto a las Ganancias, tributos que forman parte del régimen de coparticipación federal.
Strada sostuvo que cualquier modificación en esos impuestos impacta de manera directa en la recaudación de las provincias, lo que —según su interpretación— estaría siendo utilizado como moneda de negociación política. “Se ofrece retirar la parte impositiva para evitar el desfinanciamiento provincial, pero a cambio de votar el resto de la reforma laboral”, señaló en declaraciones radiales.
La diputada también apuntó contra la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, a quien atribuyó un rol central en las conversaciones con los mandatarios provinciales para garantizar los votos necesarios en la Cámara Alta.
Un llamado al rol de los gobernadores
En ese contexto, Strada hizo un llamado directo a los gobernadores para que no avalen el proyecto en esos términos. “No entreguen los derechos laborales por dos pesos con cincuenta”, expresó, al remarcar que los trabajadores alcanzados por la reforma son los mismos ciudadanos que los gobiernos provinciales deben representar y proteger.
La advertencia del kirchnerismo se produce en un momento decisivo del debate parlamentario, cuando el oficialismo busca consolidar una mayoría que le permita aprobar el paquete de reformas antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.
Para la legisladora, el compromiso con la recaudación fiscal no puede imponerse sobre la estabilidad jurídica de los trabajadores argentinos, y pidió atención sobre las negociaciones en curso. “Atención a esa negociación”, insistió, al subrayar que el debate excede lo económico y pone en juego el alcance de los derechos laborales en todo el país.
