INTERESANTE PROYECTO
Con el reinicio de la actividad legislativa tras el receso invernal, ingresó a la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley que busca prevenir y sancionar las conductas negacionistas dentro del Estado provincial.
La iniciativa fue presentada por la diputada Gabriela Lizana, del Frente Renovador, y propone aplicar sanciones a funcionarios, empleados públicos y docentes que nieguen, justifiquen, reivindiquen o banalicen el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad y otros genocidios reconocidos por el derecho internacional.
Qué propone el proyecto
El texto plantea la creación de un régimen específico para sancionar expresiones consideradas negacionistas cuando sean realizadas por integrantes de la administración pública provincial en el ejercicio de sus funciones o en ámbitos vinculados a su desempeño.
El alcance de la iniciativa no se limita a manifestaciones realizadas en dependencias estatales. También contempla publicaciones efectuadas en redes sociales, plataformas digitales y sistemas de mensajería, siempre que puedan vincularse con el desempeño de agentes estatales.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es resguardar la memoria colectiva, fortalecer el compromiso institucional con los derechos humanos y adecuar la normativa provincial a principios constitucionales y tratados internacionales.
Qué expresiones busca sancionar
La propuesta alcanza conductas que promuevan:
- La negación del terrorismo de Estado ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983.
- La justificación o reivindicación de crímenes de lesa humanidad.
- La apología o banalización de genocidios reconocidos por el derecho internacional.
- La minimización de graves violaciones a los derechos humanos.
El proyecto aclara que no estarán alcanzados por estas disposiciones el uso de documentación o archivos con fines académicos, periodísticos, investigativos, museísticos o de preservación de la memoria, siempre que su utilización tenga un propósito informativo o educativo.
Las sanciones previstas
La iniciativa establece distintas sanciones según la gravedad de la conducta.
Para el personal de la administración pública provincial, las medidas disciplinarias pueden ir desde un apercibimiento hasta la suspensión o la cesantía.
En el caso de los docentes, el proyecto contempla sanciones como suspensiones, postergación de ascensos, retrogradación en la carrera o la remoción del cargo.
Además, quienes sean cesanteados no podrán reincorporarse a la administración pública provincial durante 10 años.
Registro de sanciones
El proyecto también propone la creación de un Registro Provincial de Sanciones e Inhabilidades Firmes por Conductas Negacionistas, donde quedarían asentadas las sanciones aplicadas a los agentes públicos alcanzados por la normativa.
La iniciativa deberá comenzar ahora su tratamiento legislativo en las comisiones correspondientes antes de ser debatida en el recinto.