Está bajo investigación si la regularización de deudas del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se financió con partidas presupuestarias originalmente destinadas al pago de salarios. La decisión, ejecutada bajo la actual conducción de Carlos Presti, se tomó luego de que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, rechazara aportar fondos externos para afrontar el pasivo.
Según las denuncias realizadas, al negarse Caputo, se utilizaron recursos salariales de alta disponibilidad por su inmediatez, generando un bache financiero que el Gobierno pretende compensar con dinero originalmente previsto para operaciones. Se trató de fondos de mayor disponibilidad y se aplicaron casi con inmediatez.
El plan original era que Economía abonase la deuda; al no ser posible, la subdividieron proporcionalmente entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad. La medida reaviva las críticas hacia la herencia de Luis Petri, actual senador, quien enfrenta denuncias penales por el incremento exponencial del pasivo de la obra social y la falta de insumos.

El comunicado oficial de Defensa destacó que “el Ejército saldó la totalidad de su deuda, la Armada avanzó en su regularización y la Fuerza Aérea emitió las órdenes de pago correspondientes”. Sin embargo, el malestar persiste en sectores castrenses, y desde ATE advirtieron sobre la posible transferencia de los hoteles de IOSFA (adquiridos con aportes de afiliados) para compensar los fondos utilizados. La deuda de la obra social escaló en los últimos dos años, pasando de 70.000 millones de pesos a más de 210.000 millones.