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MARCHA EN EL CONGRESO

Oficialismo revuelto: Villarruel defendió la marcha y descartó un intento de golpe de Estado

La vicepresidenta expresó su solidaridad con los heridos y reafirmó su apoyo a la resolución del conflicto dentro de los marcos democráticos, en medio de las acusaciones de Patricia Bullrich sobre un supuesto golpe de Estado.

Victoria Villarruel

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se pronunció sobre los incidentes ocurridos durante la marcha de jubilados del miércoles, cerca del Congreso de la Nación, y desmintió las afirmaciones de Guillermo Francos y Patricia Bullrich, quienes habían señalado un intento de golpe de Estado. En su declaración, Villarruel consideró que la movilización fue "un ejercicio de la democracia" y expresó su solidaridad con las personas heridas durante los enfrentamientos.

Desde la Expoagro, que se lleva a cabo del 11 al 14 de marzo, Villarruel subrayó la importancia de la protesta en democracia. "Me solidarizo con todos los heridos, tanto con los manifestantes como con las fuerzas federales, que se exponen a situaciones de violencia", expresó. Además, señaló que espera que el conflicto se resuelva dentro de los marcos democráticos, refiriéndose a las acusaciones de golpe de Estado lanzadas por sus colegas.

Marcha
Marcha

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a los hechos de violencia en una conferencia de prensa, asegurando que presentará una causa por sedición contra los detenidos durante la manifestación. Bullrich también acusó a figuras políticas como el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y al actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, de estar vinculados con la organización de la protesta, al igual que Leandro Capriotti, señalado como uno de los principales responsables.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich

La ministra calificó la marcha como una acción organizada por "patotas, barrabravas, agrupaciones de izquierda violentas y sectores que buscan la desestabilización del Gobierno". También destacó la incautación de armas durante los operativos y argumentó que la violencia había sido premeditada, lo que justificó la actuación de las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes.

La tensión entre los diferentes actores políticos continúa creciendo, mientras el debate sobre las responsabilidades y la respuesta institucional sigue abierto.