REFORMA LEGISLATIVA
La Legislatura de Mendoza fue escenario este jueves de la presentación del proyecto de Ley de Ciberseguridad, una iniciativa que apunta a consolidar una política pública destinada a proteger las infraestructuras digitales y los servicios esenciales de la provincia frente a las crecientes amenazas en el ámbito virtual. La propuesta también forma parte de una agenda más amplia de reformas legislativas en materia de seguridad y justicia.
Durante la exposición, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que el objetivo es establecer un marco legal permanente que permita fortalecer la protección de los sistemas digitales utilizados por organismos públicos y sectores estratégicos, mediante una política coordinada y uniforme para toda la provincia.
La funcionaria sostuvo que la creciente digitalización de actividades vinculadas con la salud, la educación, la energía, el transporte, la seguridad y la justicia hace necesario reforzar las herramientas de prevención y respuesta frente a los ciberataques, debido a que una vulneración de estos sistemas puede afectar servicios esenciales para la ciudadanía.
El proyecto contempla la creación de un Comité Ejecutivo de Ciberseguridad, con funciones operativas para coordinar acciones de prevención, protección y respuesta ante incidentes informáticos. La norma alcanzará a los tres poderes del Estado provincial, además de proveedores vinculados a servicios críticos, y permitirá la adhesión de los municipios en el marco de sus autonomías.
Durante la presentación también se destacó el desarrollo que viene realizando la provincia en materia de tecnología aplicada a la investigación criminal. En ese sentido, se mencionó la capacitación de efectivos especializados en ciberdelito, el funcionamiento del Laboratorio Forense Digital y la existencia de otros centros dedicados a la identificación balística, la certificación de alcoholímetros y el análisis de huella genética, destinados al fortalecimiento de las investigaciones penales.
Una agenda de reformas legislativas
Además del proyecto de Ley de Ciberseguridad, el Ejecutivo provincial anticipó que antes de fin de año enviará a la Legislatura una serie de iniciativas relacionadas con las políticas de seguridad y justicia. Entre ellas figura una ley para otorgar un marco normativo al Laboratorio de Identificación Balística, una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, modificaciones a la Ley de Tránsito, reformas al Código Contravencional, cambios en la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, una norma para regular la intervención preventiva de inmuebles vinculados al delito y una reforma del Código Procesal Penal.
En materia de seguridad vial, la propuesta buscará incorporar nuevas herramientas tecnológicas para reforzar los controles en rutas y zonas con mayor conflictividad. En tanto, las modificaciones al Código Contravencional apuntan a incorporar nuevas figuras para sancionar conductas que actualmente no constituyen delitos penales, mientras que la reforma del Código Procesal Penal buscará limitar la reiteración de beneficios procesales para personas reincidentes.
Según se informó durante la presentación, el conjunto de proyectos pretende dotar de mayor respaldo normativo a distintas herramientas que ya se aplican en la provincia y fortalecer la capacidad del Estado para prevenir el delito, investigar hechos criminales y responder a los desafíos que plantea el avance de las nuevas tecnologías.
