El Gobierno de Mendoza avanza con el tratamiento de un proyecto para convertir a la provincia en la primera del país en contar con una Ley de Ciberseguridad. La iniciativa, presentada ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial, busca establecer una política de Estado destinada a proteger los sistemas informáticos, las infraestructuras críticas y los datos personales administrados por el sector público.
Durante la presentación del proyecto, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que el crecimiento de la digitalización en la administración pública hace necesario avanzar en la protección de los sistemas que sostienen los servicios estatales. En ese sentido, señaló que el objetivo es que la ciberseguridad deje de depender de decisiones administrativas y cuente con un marco legal que garantice su continuidad en el tiempo.
Rus indicó que la propuesta apunta a reforzar la prevención y la respuesta frente a ciberataques que puedan afectar áreas como la salud, la seguridad, la educación, el transporte y la energía, además de mejorar la protección de los datos personales que administra el Estado. También remarcó que la ley permitirá elaborar un diagnóstico de la situación provincial y definir un plan de acción para fortalecer las capacidades técnicas de los organismos públicos.

Entre las principales medidas, el proyecto contempla la creación de un comité ejecutivo integrado por especialistas, encargado de elaborar un Plan Provincial de Ciberseguridad, identificar vulnerabilidades y coordinar las acciones necesarias para proteger las infraestructuras críticas. Además, los organismos públicos deberán reportar los incidentes de seguridad informática para mejorar la detección de amenazas y fortalecer la capacidad de respuesta.
La iniciativa también incorpora medidas para resguardar los datos personales que administra el Estado y establece obligaciones para las empresas proveedoras de servicios tecnológicos vinculadas con la administración pública. Asimismo, prevé canales formales para que especialistas y hackers éticos puedan informar vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas con fines delictivos.
De obtener sanción legislativa, la implementación será gradual. En una primera etapa se conformarán los equipos técnicos y se elaborará un diagnóstico provincial que permitirá definir las inversiones, herramientas y protocolos necesarios para fortalecer la ciberseguridad y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en Mendoza.