CONSENSO FEDERAL
En un hecho poco común, los 24 gobernadores del país (Alfredo Cornejo por Mendoza) se unieron para presentar un proyecto de ley en el Congreso que busca garantizar un reparto equitativo y transparente de fondos clave, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. La iniciativa apunta a corregir un déficit millonario que afecta a provincias como Mendoza, que hasta junio solo recibió una fracción de lo que le correspondería.
Según estimaciones oficiales, Mendoza debería haber recibido en lo que va del año más de $80.000 millones en concepto de ATN e impuesto a los combustibles. Sin embargo, la provincia apenas recibió cerca de $10.000 millones, lo que representa alrededor del 12% del monto proyectado para 2025.
En detalle, el Gobierno nacional reconoce que Mendoza debería recibir aproximadamente $40.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos, pero solo llegaron $7.000 millones que se distribuyeron entre Vialidad Provincial y obras de vivienda. Por su parte, en cuanto a los ATN, la provincia debería sumar cerca de $18.000 millones hasta mitad de año, cifra que también está lejos de haberse transferido, con apenas $3.000 millones girados hasta junio.
Este déficit se enmarca en una distribución que, a nivel nacional, muestra un reparto desigual: mientras Neuquén recibió $15.000 millones en ATN, Chaco apenas percibió $2.500 millones. En total, Nación transfirió solo el 20% de los $451.048 millones acumulados en este fondo.
El proyecto de ley que ya ingresó al Senado tiene como objetivo disolver fondos fiduciarios que actualmente diluyen el impacto directo del impuesto a los combustibles y establecer una distribución automática y diaria de los ATN conforme a los criterios de coparticipación. De este modo, las provincias podrían disponer libremente de los recursos para atender sus prioridades.
Desde la Casa de Gobierno mendocina calificaron la presentación como un “hito” y destacaron el consenso logrado, incluso con jurisdicciones beneficiadas por el esquema actual, como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Asimismo, aclararon que la iniciativa no afecta las cuentas públicas nacionales, sino que busca mayor equidad y federalismo en la distribución.
El proyecto también modifica el destino de los fondos que hoy se canalizan a través de fideicomisos para infraestructura hídrica y vial, permitiendo que más recursos lleguen directamente a las provincias. En Mendoza, el 60% del impuesto a los combustibles se destina a Vialidad Provincial, el 30% a obras de infraestructura y el 10% al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).
La propuesta representa un avance en la presión política sobre el Gobierno de Javier Milei, que ha sido cuestionado desde el inicio de su gestión por el retaceo de fondos a las provincias. Por ahora, la postura oficial no ha cambiado, pero el respaldo unánime de los gobernadores abre un escenario de negociación en el Congreso para modificar el reparto de recursos.