El Senado debate la flexibilización para la compra de tierras por extranjeros
El oficialismo intentará este jueves reunir el quórum en el Senado para avanzar con una sesión clave en la que buscará aprobar el proyecto de propiedad privada, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, introducir cambios en el régimen de desalojos y tratar 36 pliegos judiciales.
Aunque La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con bloques dialoguistas para llevar el tema al recinto, hasta las últimas horas persistían dudas sobre la asistencia de algunos senadores, debido al receso invernal vigente en varias provincias.
El proyecto elimina límites para la compra de tierras por extranjeros
El punto central de la iniciativa es la derogación de las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas extranjeras.
El texto establece que las provincias tendrán un rol determinante al autorizar las operaciones, mientras que se mantendrá la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera compren inmuebles rurales, salvo que cuenten con la aprobación del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo nacional.
En el caso de las zonas de frontera, seguirá siendo obligatorio el aval conjunto de la Nación y de la provincia correspondiente.
Además, el proyecto incorpora la figura del silencio administrativo: si en un plazo de 180 días no existe objeción por parte de las autoridades competentes, la operación quedará automáticamente habilitada.
Durante el debate en comisión, el oficialismo modificó el dictamen original y mantuvo la prohibición para empresas privadas con capital estatal extranjero, además de conservar los controles especiales para las tierras ubicadas en áreas fronterizas.
Cambios en los desalojos
La iniciativa también propone un nuevo esquema para agilizar los procesos de desalojo.
En casos de usurpaciones o de ocupantes sin título válido, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado por el propietario y este presente la documentación correspondiente.
El magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas.
Para los inquilinos con deudas, el proyecto establece que el propietario deberá enviar previamente una carta documento o una notificación electrónica otorgando un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación.
Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar el proceso judicial de desalojo, que tendría un plazo de ejecución de 10 días hábiles.
La propuesta también dispone que los propietarios no podrán negarse a recibir las llaves del inmueble, aunque podrán dejar constancia de eventuales deudas pendientes.
En los casos en que existan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar para garantizar una solución habitacional transitoria sin frenar el proceso judicial.
El oficialismo también busca aprobar 36 pliegos judiciales
Otro de los objetivos de la sesión será la aprobación de 36 pliegos judiciales, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino.
El oficialismo busca tratar su nombramiento antes del 27 de julio, fecha en la que el magistrado cumplirá 75 años, límite constitucional para permanecer en funciones sin un nuevo acuerdo del Senado.
Ante la posibilidad de que el debate se postergue, Pesino ya presentó un recurso de amparo para intentar continuar en el cargo.
Entre los pliegos también figura el de Juan Rodríguez Ponte, funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado federal en Lomas de Zamora.
Si el Senado aprueba todos los nombramientos previstos, el Gobierno habrá logrado cubrir 110 cargos judiciales en los últimos meses, sobre un total cercano a 300 vacantes existentes en la Justicia argentina.