BONO MOTOSIERRA
El Gobierno nacional ha establecido un sistema de incentivos salariales para aquellos funcionarios que logren reducir el personal en sus dependencias, con el objetivo de fomentar la eficiencia y el ahorro en el sector público. Esta medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa del 25/7, fue publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial, con la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El artículo 5 de la establece normativa que se podrán asignar unidades retributivas adicionales a los funcionarios que logren una reducción de personal significativa en sus áreas, siempre que esto se traduzca en un ahorro presupuestario. Las unidades retributivas se asignarán tras la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, para evaluar el impacto de la medida.
Según estimaciones basadas en el valor de la Unidad Retributiva (UR), que en diciembre fue de $783, las autoridades que hayan logrado reducir el personal en sus dependencias podrían recibir un premio significativo. Por ejemplo, en la Secretaría de Trabajo, donde la dotación de empleados pasó de 3.600 a 2.900 en 2023, se estiman 64.000 UR adicionales, lo que equivaldría a un monto cercano a los $52 millones que se distribuirían entre los funcionarios responsables.
Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte rechazo por parte de los gremios estatales, quienes cuestionan la iniciativa, especialmente considerando que se produce en un contexto donde se prevé la finalización de contratos en la administración pública. Los gremios temen que esta decisión conducir pueda a una nueva ola de despidos, ya que la oficialización de la medida coincide con el fin de los contratos que suelen renovarse cada tres meses.
Desde el gobierno, se defendió la iniciativa como una estrategia necesaria para reducir el déficit fiscal. En un comunicado, una fuente de la Casa Rosada explicó que "reducir el tamaño del Estado es uno de los principales objetivos" y que la distribución de las unidades retributivas se basa en el cumplimiento de este objetivo. En este sentido, se indicó que la asignación de estas unidades se realiza conforme a los logros de cada cartera en cuanto a la eficiencia y los ajustes previstos.
Ante esta situación, el gremio de trabajadores del Estado ha convocado a una protesta que se llevará a cabo el jueves al mediodía, con una movilización que comenzará en la sede de la Secretaría de Trabajo y finalizará en la cartera de Desregulación. Los gremios denunciaron que la medida es un "desvío de fondos" y que los ahorros generados por los despidos no se beneficiarían al pueblo, sino que irían a parar a funcionarios de bajo rango, alcanzando sueldos similares a los de ministros.
Desde el gobierno, se desestimó esta versión y se aclaró que el ahorro por los despidos no se equipara con la distribución de las unidades retributivas. Sin embargo, los gremios continúan su lucha, exigiendo que se garantice la estabilidad laboral en la administración pública.
