DISPUTA EN TRIBUNALES
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que suspendió la disolución de Vialidad Nacional, luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina. El anuncio lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X, en lo que representa una nueva batalla legal en torno a una de las reformas más simbólicas del Gobierno libertario.
La resolución judicial dispuso una suspensión por seis meses de todo acto administrativo derivado del Decreto que ordenaba el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, al igual que el de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, entidades calificadas por el Ejecutivo como “el eje de la corrupción en la obra pública”.
En su momento, Adorni había anticipado que las funciones de Vialidad serían absorbidas por la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía, mientras que el control de concesiones pasaría a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
La Dirección Nacional de Vialidad, ahora en el centro del conflicto, era el organismo encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión era garantizar la conectividad territorial mediante rutas seguras, eficientes y transitables, esenciales para el transporte productivo y turístico.
En paralelo, el Gobierno ya había ejecutado cambios en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que fue renombrada como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, en sintonía con el nuevo modelo de gestión pública impulsado por el oficialismo.
Con la decisión de apelar, el Gobierno busca sostener su estrategia de reorganización estatal, aun en medio de resistencias judiciales y sindicales. El desenlace del conflicto marcará el futuro inmediato de la política de infraestructura y transporte en la administración actual.