CASO YPF
Como resultado de una investigación iniciada hace meses, el Gobierno nacional ya echó a 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación, en el marco del litigio que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.
Según supo Noticias Argentinas, las sospechas comenzaron cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina.
Por ahora el Estado justificó los despidos en el marco de una "reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo".
Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los juicios de este tipo.
Ahora, los letrados argentinos intentan frenar la resolución de la magistrada neoyorquina, que pretende que la república entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
La Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura encabezada por Santiago Castro Videla.
Fuentes oficiales admitieron que existe un malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó adelante la Procuración del Tesoro en el caso YPF.
Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como “amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.
En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.
Se sospecha que esas supuestas maniobras pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-, que encabeza la demanda contra la Argentina.
En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro direcciones nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal.
Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios desde el inicio de la gestión Milei.
Entre los principales cambios se destaca la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”.
Por ahora, Castro Videla seguiría porque tiene como poderoso “padrino” a Santiago Caputo, uno de los integrantes del “triángulo de hierro” del Gobierno, en términos explicados por el propio presidente.
Según informó Clarín, el nombramiento en su momento de Castro Videla “llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF.
Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”.
En su momento, este grupo presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.
Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF.
El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza, que había decidido que Argentina entregue su 51% de YPF a los demandantes.
La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el segundo circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.