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REESTRUCTURACIÓN

El Gobierno disuelve la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda

La medida, oficializada a través del Decreto 70/2025, transfiere sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Se disuelven fondos fiduciarios y quedan en incertidumbre programas y obras en curso.

secretaria de desarrollo territorial, habitat y vivienda

El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que ahora quedará bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 70/2025, responde a la postura del Ejecutivo de que la política habitacional debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, reduciendo la intervención del Estado nacional en esta área.

Impacto en programas y empleo

Con esta medida, también se disuelven o entran en proceso de liquidación tres fondos fiduciarios clave en el financiamiento de viviendas:

  • ProCreAr
  • Casa Propia
  • Fondo Nacional de Vivienda

El Gobierno no ha especificado qué ocurrirá con los créditos y obras en ejecución, generando incertidumbre entre beneficiarios y trabajadores del sector. Se estima que alrededor de 500 empleados podrían perder sus puestos debido a la reestructuración.

Nuevo ajuste: el Gobierno disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda

Reorganización del Ministerio de Economía

La disolución de la secretaría es parte de un proceso más amplio de reorganización dentro del Ministerio de Economía, que ahora contará con 14 secretarías y 31 subsecretarías.

A partir de esta reestructuración, la Secretaría de Obras Públicas asumirá nuevas funciones, entre ellas:

  • Diseñar y ejecutar políticas de integración socio-urbana.
  • Gestionar infraestructura, mantenimiento y conservación de espacios públicos.
  • Supervisar la finalización, cierre y transferencia de programas de vivienda y desarrollo territorial.

Además, la medida alcanza a la ex-Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), que estaba bajo la mira del Gobierno por presuntas irregularidades en la asignación de fondos del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), actualmente desfinanciado y paralizado desde octubre.

Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en su plan de reducción del Estado, dejando en manos de gobiernos locales y el sector privado la planificación y ejecución de políticas habitacionales.