NEGOCIACIÓN
Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional presentará una oferta a las universidades con el fin de poner fin al conflicto judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. La iniciativa busca evitar un desembolso mayor y reducir el impacto fiscal sobre el Estado.
Según fuentes oficiales, la propuesta consiste en transferir los fondos contemplados en el proyecto de reforma enviado al Congreso, que solo reconoce la pérdida salarial de los docentes durante 2025, y no desde 2023, como establecía la ley original. A cambio, las universidades deberían retirar la cautelar presentada ante la Corte Suprema, que exige cumplir con aumentos salariales y becas ajustados por inflación.
El Gobierno estima que, de no llegar a un acuerdo y recibir un fallo adverso, el desembolso obligatorio sería de unos 2,5 billones de pesos. Por eso, la estrategia apunta a cerrar el conflicto con un acuerdo de menor impacto fiscal, con partidas aprobadas por el Ministerio de Economía, que se ejecutarían inmediatamente tras el acuerdo, evitando pasar por el Congreso.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron que aún no recibieron ninguna propuesta formal, y tampoco se avanzó en la convocatoria anticipada de universidades con hospitales para destrabar una partida de $79 mil millones aún no ejecutada.
El proyecto oficialista introduce cambios clave respecto a la ley vigente: los aumentos del 4,1% se pagarían en tres tramos sobre los básicos de diciembre de 2025, y las paritarias serían cada tres meses, sin obligación de actualización por inflación. Además, el plan omite la recomposición de partidas de funcionamiento universitario y hospitales por la inflación de 2024-2025, aunque sí prevé una inversión superior a $80.000 millones para el sistema de salud universitario, uno de los sectores más afectados y reclamantes en la previa de la última marcha federal.
