Tras la suspensión judicial de más de 80 artículos de la reforma laboral, el Gobierno nacional anunció que apelará la medida para garantizar la plena vigencia de la ley. La decisión busca revertir la cautelar dictada por la Justicia laboral a raíz de un reclamo sindical y restablecer los cambios aprobados por amplia mayoría en el Congreso.
La administración sostiene que la ley de Modernización Laboral es una herramienta clave para fomentar el empleo formal, mejorar la competitividad y brindar mayor seguridad jurídica a trabajadores y empleadores. Desde el oficialismo aseguran que se trabajará hasta que todos los artículos sancionados puedan aplicarse sin restricciones.
El Ministerio de Capital Humano, junto con la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezará la estrategia jurídica de apelación, mientras que otras áreas del gobierno, como el Ministerio de Justicia, no participan directamente en el seguimiento del caso.
En su comunicado, la cartera responsable del trabajo enfatizó que la ley fue aprobada de manera legítima por el Congreso y rechazó los intentos de frenar su implementación, señalando que estas reformas son necesarias para superar el desempleo y el estancamiento económico que caracterizaron etapas anteriores del país.