CONTRATO MILLONARIO
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017, en el marco de una contratación pública de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
Según la constancia de presentación, la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo oficial de sorteos del tribunal, acompañada del escrito titulado “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”.
Los denunciantes —quienes solicitaron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”— pidieron además que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria.
La presentación detalla que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) el 19 de enero de 2026, mediante la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027.
De acuerdo con el texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgía un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger. En consecuencia, se habrían activado los procedimientos previstos en el artículo 4° del decreto, incluyendo la comunicación a la OA y a la SIGEN, la sugerencia de un Pacto de Integridad y la publicación de las actuaciones en el sitio oficial del ministerio.
Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, tras consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que al 15 de febrero de 2026 no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso. A su entender, esa presunta omisión habría afectado un requisito “clave” en materia de transparencia y control institucional.
En el capítulo “Derecho”, el escrito encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265). También señala que el caso tomó dimensión pública tras ser difundido por la Agencia Noticias Argentinas, mencionada expresamente en la denuncia.
Como antecedente, la presentación sostiene que en 2024 habría estado vigente otro contrato entre “idénticos contratantes”, por lo que solicitó verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro de los plazos establecidos por el decreto y si dicha actualización fue efectivamente publicada en el sitio de la OA.
La denuncia se conoció luego de una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas que reveló la adjudicación por $114.044.133 a la entidad dirigida por Rouillet y el posterior cruce público. El canciller Pablo Quirno negó irregularidades, afirmó que la Cancillería contrata a la AACI “desde 2018” y sostuvo que, ante la existencia de un vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de la OA y la SIGEN, en cumplimiento de la normativa vigente.