POLÉMICA DECISIÓN
La decisión del presidente Javier Milei de mudar la Embajada argentina en Israel a Jerusalén generó respuestas inmediatas en el Congreso. Dos voces mendocinas, la de Julio Cobos y Adolfo Bermejo, tomaron protagonismo al presentar una iniciativa que busca que el Poder Ejecutivo dé cuenta formalmente de los fundamentos y consecuencias de esa medida.
Los legisladores se valieron de un proyecto de resolución para solicitar información precisa sobre una acción que, según afirman, podría vulnerar tanto la legislación argentina vigente como el principio de no intervención diplomática respaldado por organismos internacionales. La consulta gira en torno al alcance político de la decisión, su viabilidad práctica y el posible costo económico e impacto internacional que implicaría.
El planteo no se limita a una reacción política: también pone sobre la mesa el peso de la Ley 14.025, que desde 1951 fija como sede diplomática oficial la ciudad de Tel Aviv. Mover esa embajada, según remarcan, no solo implica alterar una norma nacional, sino también apartarse de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, que ha insistido en preservar el estatus especial de Jerusalén hasta que exista un consenso internacional.
“Argentina siempre promovió la paz en Medio Oriente desde una postura equilibrada”, escribió Cobos en sus redes. Y añadió que solo cuatro países —entre ellos Estados Unidos y Guatemala— tienen hoy sus embajadas en Jerusalén. Según su visión, un paso en esa dirección rompería con la coherencia histórica de la diplomacia argentina y afectaría su credibilidad externa.
La posición que comparten ambos legisladores parte de una visión conocida pero ahora puesta en tensión: el respaldo a una solución basada en dos Estados que puedan convivir con fronteras seguras y reconocimiento mutuo. En ese marco, las acciones unilaterales, subrayan, no solo resultan inoportunas, sino también contrarias al derecho internacional público y a los compromisos multilaterales asumidos por el país.
