DESPIDOS EN HOSPITALES
En medio del creciente conflicto con el Hospital Garrahan, el Gobierno nacional intensificó su embestida contra los trabajadores de la salud pública al anunciar este miércoles más de 100 despidos en el Hospital Posadas. Además, confirmó que descontará el día a quienes adhirieron a las protestas en el centro pediátrico, profundizando así un enfrentamiento que ya genera tensiones en todo el sistema sanitario nacional.
La medida fue informada por el Ministerio de Salud, que dirige Mario Lugones, con el argumento de impulsar una "salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos". Según el comunicado oficial, 110 trabajadores del Posadas fueron cesanteados tras supuestas auditorías internas que revelaron "ausencias reiteradas" o incumplimiento de funciones.
Desde la cartera sanitaria insistieron en que se cumplió con "todos los procedimientos legales y administrativos" y justificaron la decisión bajo una retórica ya conocida: "En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos". Añadieron que los fondos que se destinaban a esos sueldos serán redirigidos a “mejorar insumos, equipamiento y atención para los pacientes”.
El anuncio se dio en paralelo a una nueva jornada de protesta en el Hospital Garrahan, donde residentes, científicos y personal médico reclaman mejoras salariales y condiciones laborales dignas. La respuesta oficial no se hizo esperar: el Ministerio de Salud confirmó que se descontará el día a todos los trabajadores que se plegaron a las medidas de fuerza, amparándose en la supuesta "violación de la Conciliación Obligatoria" por parte del sindicato ATE.
“Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo”, afirmaron desde el ministerio, que busca mostrar firmeza en lo que denominan un "reordenamiento profundo" del sistema sanitario. La narrativa oficial apunta contra la casta sindical, utilizando un discurso que tensa aún más la relación con los profesionales de la salud pública.
Este nuevo capítulo del conflicto con los hospitales públicos ocurre en un contexto en el que el Gobierno impulsa una agenda de ajuste estatal bajo el lema de la "motosierra", que ya ha tenido efectos en otras áreas como la educación, la cultura y la ciencia. El enfrentamiento con los trabajadores del Garrahan, uno de los hospitales pediátricos más importantes del país, visibiliza los límites éticos y sociales de esa política.
El accionar del Ejecutivo ha sido duramente criticado por sectores sindicales y por organizaciones defensoras del derecho a la salud, que ven en estas decisiones una peligrosa criminalización de la protesta laboral. Lejos de fomentar el diálogo, el Gobierno elige avanzar con sanciones y despidos, profundizando la brecha con los trabajadores esenciales que sostienen día a día el sistema sanitario argentino.