POLÉMICA
El cierre del servicio de maternidad y neonatología del Hospital Dr. Carlos Saporiti, en Rivadavia (Mendoza), sigue generando malestar entre profesionales de la salud, autoridades locales y vecinos, tras la decisión del Ministerio de Salud de reubicar los partos en el Hospital Perrupato de San Martín. La medida se tomó por decreto y ya desató protestas, sanciones a médicos y debates sobre el acceso a la atención obstétrica en el este provincial.
Argumentos oficiales y frase polémica de Montero
El ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, defendió la decisión al asegurar que se trata de una "decisión sanitaria" ante la baja cantidad de partos atendidos en el Saporiti, argumentando que concentrar los nacimientos en un centro con mayor complejidad puede ofrecer mejores condiciones para madres y recién nacidos. Según el funcionario, la cantidad de nacimientos era insuficiente para sostener un servicio seguro.
Al justificar la reorganización, Montero utilizó un tono que resultó muy cuestionado por la comunidad por el tono desafiante con que justificó el cierre de la maternidad del Hospital Saporiti. Al explicar la medida, remató de manera provocadora: "nosotros tenemos los huevos para tomar las decisiones que hay que tomar y reestructurar esa maternidad para que los bebés de Rivadavia nazcan en condiciones de seguridad". La declaración fue interpretada como un gesto de autoridad extrema, casi "barrabrava", posicionándose Montero como alguien dispuesto a imponer la medida a pesar de las críticas y la incomodidad que genera entre la comunidad local.
Reacciones de la comunidad y profesionales
La medida provocó protestas populares en la plaza de Rivadavia, con participación de vecinos, trabajadores de la salud y el intendente Ricardo Mansur, quienes sostienen que la derivación de partos a Perrupato complica el acceso a servicios esenciales, especialmente para mujeres de zonas rurales que ahora deberán recorrer más de 40 minutos para atención de alta complejidad.
Profesionales del Saporiti, junto a organizaciones como AmPros y ATE Mendoza, expresaron su rechazo y denunciaron falta de diálogo por parte del Gobierno. Algunos médicos incluso se enfrentan a sumarios administrativos por participar en las protestas contra el cierre, luego de que se alegara que habían "abandonado" sus puestos para unirse a las manifestaciones.
Además, trabajadores señalaron que la notificación sobre el cese del servicio fue sorpresiva y que no se consideraron adecuadamente los riesgos del traslado de embarazadas a otros centros de atención, especialmente para pacientes en trabajo de parto o con complicaciones obstétricas.