La provincia deberá pagar $2200 millones por juicios perdidos en 2025
La provincia de Mendoza afrontará en 2025 el pago de $2.200 millones por 373 juicios que perdió ante la Justicia. Las sentencias firmes involucran principalmente casos de mala praxis en hospitales públicos, accidentes en escuelas y abusos dentro de las cárceles .
El 50% del monto corresponde a intereses, una cifra que se acumula debido a la demora en la resolución de las causas.
Los sectores con más demandas contra el Estado
Más del 44% de los juicios en contra de la provincia están vinculados con el sistema de salud pública , totalizando 177 casos . Las demandas incluyen episodios de mala praxis , contagios de infecciones intrahospitalarias y diagnósticos erróneos que agravaron el estado de los pacientes. Algunos fallos obligan a indemnizar con sumas que superan los $25 millones , sin contar los intereses.
El Ministerio de Seguridad es el segundo sector más afectado, con 76 sentencias en su contra. En esta área, se destacan casos de detenciones arbitrarias, abusos dentro de las cárceles y negligencias en la custodia de detenidos .
Por su parte, la Dirección General de Escuelas (DGE) suma 59 juicios perdidos , en su mayoría por accidentes escolares ocurridos en recreo o actividades físicas, que han derivado en lesiones con distintos grados de incapacidad.
Otras áreas con sentencias en contra incluyen el Gobierno Provincial (54 demandas), el Tribunal de Cuentas (6) y el Poder Judicial (5) .
Casos emblemáticos y el impacto en las finanzas provinciales
Entre los juicios más relevantes, se encuentra el del feminidio de Paula Toledo , ocurrido en San Rafael en 2003. El Estado fue condenado por una investigación plagada de irregularidades, lo que derivó en una indemnización superior a los $50 millones para la familia de la víctima.
En materia de seguridad, se destaca el caso de una persona que fue detenida injustamente durante casi dos años , por lo que la provincia deberá pagarle más de $11 millones . También se suman indemnizaciones a presos que sufrieron torturas o negligencias en unidades penitenciarias, como el caso de un detenido en San Felipe que fue secuestrado y torturado durante ocho días por otros internos.
Para afrontar estos pagos, el Gobierno provincial ha destinado fondos especiales y ha ajustado el mecanismo de cálculo de intereses, lo que permitió reducir la carga financiera en comparación con años anteriores. Sin embargo, la evolución de los juicios en curso podría aumentar la cifra en los próximos períodos.
A pesar de los esfuerzos administrativos, la cantidad de demandas contra el Estado sigue siendo significativa, reflejando fallas estructurales en distintos sectores de la administración pública que derivan en millones de erogaciones judiciales.