VITIVINICULTURA
La Vendimia 2026 en Mendoza proyecta una postal preocupante: una parte de la uva podría quedarse en los viñedos sin cosechar. Aunque el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) estimó la producción en 13.450.000 quintales, un 9% menos que el año pasado, la realidad económica para los productores es compleja.
El precio de la uva se mantiene bajo, incluso por debajo de los niveles de 2024, mientras que las bodegas ya han informado que no comprarán ciertos lotes. Esto, sumado al acumulamiento de stocks y la baja del consumo en 2025, lleva a que algunas variedades —especialmente tintas como criollas o bonarda— puedan quedar directamente en las plantas, ya que su recolección resulta más costosa que el valor de venta.
Pese a la disminución en la cantidad de uva, la baja oferta podría ayudar a mejorar los precios. Sin embargo, la situación refleja la presión que enfrentan los pequeños productores, quienes se encuentran en una posición vulnerable frente a las decisiones de las bodegas, que priorizan ventas internacionales o internas.
Propuestas para proteger a los productores
Ante esta situación, los viticultores reclaman mayor atención del Gobierno de Mendoza y presentan varias medidas para aliviar la presión económica sin requerir intervenciones directas:
Suspender nuevas plantaciones de viñedos.
Retrasar la fecha de liberación de vinos hasta el 1 de agosto.
Reducir la presión fiscal mediante un bono fiscal transferible para pequeños productores, que permita canjear parte del impuesto por insumos o alimentos.
Fomentar la venta directa del productor al consumidor.
Estas propuestas buscan dar previsibilidad y apoyo a los productores, especialmente a aquellos que enfrentan costos de cosecha que superan el valor de venta de la uva. La temporada 2026, marcada por menores volúmenes y precios ajustados, pone a prueba la sostenibilidad de la vitivinicultura mendocina.