Nuevas reglas para importar en argentina: beneficios, costos y riesgos
La política económica de Javier Milei trajo consigo un cambio radical en el esquema de importación. Desde febrero de 2025, con la eliminación del sistema SIRA y la puesta en marcha del SEDI, el país ingresó en una etapa de mayor apertura que incluye reducciones arancelarias, flexibilización del acceso a dólares y eliminación del Impuesto PAIS.
El nuevo modelo simplifica trámites y habilita mayores facilidades para las PyMEs, que ahora pueden cancelar importaciones en un único pago a 30 días. Además, se elevó a u$s 3000 el tope para compras por courier, con hasta cinco operaciones anuales por persona, y se estableció una exención de aranceles para consumos particulares de hasta u$s 400.
No obstante, el esquema exige requisitos. Quienes superen el régimen simplificado deben contar con inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de ARCA, un CUIT activo y domicilio fiscal electrónico. El proceso implica clasificación arancelaria, presentación de documentación comercial (facturas, listas de empaque, conocimiento de embarque) y pago de tributos como IVA, derechos de importación y tasa estadística.
Entre los costos asociados, los expertos advierten sobre cargos invisibles: seguros de carga, fletes internacionales, honorarios de despachantes de aduana, gastos portuarios y posibles ajustes por tipo de cambio. “Calcular bien estos factores es lo que define si un negocio internacional es rentable”, remarcó Lucas Bianchi, CEO de Interborders.
Pese a la liberalización, aún existen restricciones. Rubros como alimentos y bebidas requieren certificaciones sanitarias, mientras que los equipos eléctricos deben cumplir estándares de seguridad reconocidos internacionalmente. Productos como medicamentos, armas o materiales peligrosos siguen bajo prohibición estricta.
En paralelo, el Decreto 513/2025 introdujo cambios en el tratamiento arancelario para los bienes de capital, beneficiando a industrias como la metalúrgica, alimentaria, energética e hidrocarburífera. Desde el BCRA también se impulsaron medidas para agilizar el pago de importaciones y normalizar deudas con proveedores del exterior.
Si bien el Gobierno sostiene que estas reformas buscan dinamizar el comercio internacional y favorecer el crecimiento económico, algunas organizaciones como Fundar advierten que la apertura “sin paracaídas” puede afectar a sectores vulnerables como el textil, con impacto directo en el empleo local.
La gran incógnita es si la importación se convertirá en una oportunidad de expansión o en un salto al vacío para los actores económicos que no logren adaptarse a las nuevas reglas.