DEBATE TRIBUTARIO
Las multas automáticas aplicadas por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) volvieron a quedar en el centro de la discusión luego del fuerte incremento dispuesto tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. Frente a las críticas por el aumento que elevó las sanciones en más de 100.000%, un grupo de especialistas presentó al ministro de Economía, Luis Caputo, una iniciativa para establecer un sistema de penalidades proporcional al tamaño y capacidad económica de cada contribuyente.
Con la reforma vigente desde diciembre de 2025, las multas por incumplimientos formales pasaron de $220 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas. El incremento generó cuestionamientos de tributaristas y empresarios, quienes sostienen que un mismo monto puede resultar excesivo para pequeños contribuyentes y, al mismo tiempo, tener un impacto mínimo sobre grandes compañías.
La propuesta elevada al equipo económico plantea un régimen de proporcionalidad, incentivo y subsanación, con reducciones de entre el 20% y el 80% para micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean consideradas grandes contribuyentes. Además, incorpora un plazo de gracia de hasta 90 días para regularizar incumplimientos sin sanciones y prevé la condonación total de la multa si la obligación se cumple dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Los beneficios quedarían sin efecto para quienes reincidan más de seis veces en un mismo año.
La iniciativa también busca corregir una de las principales críticas al sistema actual: la ausencia de diferencias según la capacidad contributiva. Sus impulsores sostienen que la actualización de las multas respondió a la inflación, pero no contempló las distintas realidades económicas de los contribuyentes ni las mayores dificultades administrativas que suelen enfrentar las pymes para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.
Desde el ámbito profesional también recuerdan que el Gobierno había anticipado un mecanismo más flexible para la aplicación de las sanciones. Según contadores que participaron de reuniones con Caputo, se había prometido que ARCA enviaría un recordatorio con un plazo de 10 a 15 días hábiles antes de intimar y aplicar la multa, algo que, aseguran, no se implementó. Aunque desde el Ministerio de Economía no hubo señales de avanzar con una modificación inmediata, el reclamo del sector continúa, especialmente por el impacto que las sanciones tienen sobre las pequeñas y medianas empresas en un contexto de menor actividad económica.
